Varios alcaldes del sur de Madrid recurrirán al Defensor del Pueblo si Aguirre no escucha sus demandas

Se reunirán en Parla con el ministro de Política Territorial y vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves - Anuncian movilizaciones si la presidenta regional no les recibe en la sede del Gobierno autonómico

El pasado día 8 de enero, los alcaldes socialistas de las localidades de Leganés, Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Parla y Pinto han asegurado que organizarán varias movilizaciones vecinales si la presidenta regional, Esperanza Aguirre, no les recibe en la sede del Gobierno regional de la Puerta del Sol para presentarle el denominado Plan Estratégico del Sur, un documento que recoge diferentes inversiones en esta zona de la comunidad. Desde hace ocho meses, los regidores vienen solicitando una reunión con Aguirre para explicarle un plan que, según sus estimaciones, supondría la creación de 100.000 puestos de trabajo mediante el desarrollo de los más de 30 millones de metros cuadrados para vivienda, tecnología e industria que la Comunidad de Madrid mantiene paralizados en las ciudades del sur. Así lo indican los primeros ediles en una nota emitida tras reunirse en Leganés.

Este frente de alcaldes, ha fijado una reunión en Parla con el ministro de Política Territorial Manuel Chaves para estudiar la posibilidad de solicitar el amparo del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ante lo que consideran “incumplimientos reiterados” de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El pasado 14 de mayo, estos alcaldes entregaron su plan en el registro de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, lo que fue calificado como una “falta de respeto institucional” por el consejero Francisco Granados. Una semana después, Esperanza Aguirre valoraba el documento afirmando en la Asamblea de Madrid que eso “ni es un plan, ni es estratégico, ni es del sur”, dudando además de la capacidad de esos regidores para impulsar la economía en la zona. Aguirre destacó que el mejor plan para esos siete municipios “es que gobierne el PP”.

Los alcaldes inmersos en esta polémica son Enrique Cascallana (Alcorcón), Jesús Dionisio (Aranjuez), Manuel Robles (Fuenlabrada), Pedro Castro (Getafe), Rafael Gómez Montoya (Leganés), José María Fraile (Parla) y Juan José Martín (Pinto). Los regidores de localidades como Fuenlabrada, Parla o Pinto se encuentran preparando un dossier para Enrique Múgica en el que se recogen con detalle sus peticiones de inversión a la administración regional y se quejan de que es la primera vez que una presidenta autonómica se niega a recibir a los representantes de millón y medio de habitantes. “Estamos preparando la información necesaria para darle la documentación y solicitarle que proceda (a procesar su queja)", manifestó esta semana el alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles. El regidor fuenlabreño manifestó que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, lleva 8 meses sin recibir a estos alcaldes que representan a algunos de los municipios donde el paro está teniendo una mayor incidencia desde el inicio de la crisis económica. “Es necesario que la Comunidad de Madrid active las acciones que tienen que ver con cuestiones como el empleo, las viviendas protegidas, los trámites administrativos que se encuentran parados”, apuntó. Robles señaló que los alcaldes del sur “han hecho los deberes poniendo en común un documento como el Plan Estratégico del Sur para trabajar”.

Críticas del PSM

Por otra parte, el pasado día 7 de enero, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, explicó que los alcaldes socialistas de la región se plantean pedir al Gobierno regional el pago de los servicios que prestan sus ayuntamientos, que son competencia del Ejecutivo autonómico, y que suponen en torno al 30% de los presupuestos municipales. Tras la reunión de la Ejecutiva, Gómez expuso que los ediles socialistas están barajando esta opción después del “acoso y derribo” que están sufriendo con el asunto de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) y con la posibilidad de que en breves fechas los consistorios tengan que hacerse responsable del pago de la formación de estos efectivos de la Policía Local.